IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES

Hace ya poco mas de un año que la materia relativa a la impugnación de los acuerdos sociales, entre otros, fue modificada tras la reforma (Ley 31/2014) de la Ley de Sociedades de Capital.

Procedemos asi a efectuar un breve resumen de la impugnación de acuerdos (tanto de Junta como del Órgano de Administración) y de las pocas resoluciones judiciales que a este respecto se han dictado en el último año.

JUNTA GENERAL

Acuerdos impugnables:

  • Los contrarios a la Ley.
  • Los que se opongan a los estatutos o al Reglamento de la Junta de la sociedad.
  • Los que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Casos en los que no procede la impugnación de acuerdos:

  • Los anteriormente citados cuando hayan sido dejados sin efecto o sustituidos válidamente por otro adoptado antes de que se interponga la demanda de impugnación.
  • Aquellos que se basen en la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante.
  • Aquellos que se basen en la incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.
  • Aquellos que se basen en la participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano.
  • Aquellos que se basen en la invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible.

Caducidad de la acción de impugnación: 1 año, salvo aquellos que resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción ni caduca ni prescribe.

¿Quiénes pueden impugnar?

Están legitimados para impugnar cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que representen, al menos, el 1% del capital social (salvo para la impugnación de acuerdos contrarios al orden público en cuyo caso no se exige porcentaje mínimo sobre el capital social).

 

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN

Acuerdos impugnables:

  • Los contrarios a la Ley.
  • Los que se opongan a los estatutos o al Reglamento de la Junta de la sociedad y/o al Reglamento del Consejo de Administración.
  • Los que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Causas, tramitación y efectos: La Ley de Sociedades de Capital se remite a lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la Junta general.

Caducidad de la acción de impugnación: 30 días desde la adopción del acuerdo para los administradores y 30 días desde que tuvieron conocimiento de la adopción del acuerdo, para los socios que representen mas del 1% del capital social (siempre que no hubiera transcurrido 1 años desde su adopción).

¿Quiénes pueden impugnar?

Están legitimados para impugnar cualquiera de los administradores y los socios que representen, al menos, el 1% del capital social.

 

 

RESOLUCIONES JUDICIALES TRAS LA REFORMA

 

Hasta este momento, ni el Tribunal Supremo ni las Audiencias Provinciales han tenido ocasión de pronunciarse al respecto.

Así, únicamente disponemos de resoluciones judiciales dictadas por los Jueces de lo Mercantil, tales como las siguientes:

  • Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2.015 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona[1]: En este caso, cuatro socios demandaban a la compañía X, solicitando se declarara la nulidad de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de denegar la entrega de una copia del expediente sancionador iniciado por la AEAT contra la compañía, asi como de las cartas recibidas y comunicadas entre la empresa y el citado organismo rector al considerar que ello infringía su derecho de información.

En primer lugar el Juzgador analiza si la decisión adoptada por el Consejo tiene o no el rango de “acuerdo” a los efectos de su posible impugnación, concluyendo que «……….la no entrega de una copia de la documentación» no deja de ser una decisión aprobada por el consejo de administración, recogida por escrito, firmada por el presidente, el secretario y el consejero delegado y luego ratificada durante la junta por el resto de miembros del consejo, debe ser equiparada a un «acuerdo» adoptado en «reunión universal» del consejo de administración por lo que entiendo que sí es posible su impugnación a los efectos al art. 251 LSC…”.

Se analiza acto seguido lo relativo al plazo de caducidad, argumentando S.S.ª que respecto a 3 de los demandantes, que si se encontraban presentes cuando se adoptó la decisión, la acción de impugnación se declara caducada pues disponían desde ese momento de un plazo de 30 días.

Se entra por tanto en el fondo del asunto con respecto a uno de los demandantes, analizándose parte de las novedades de la Ley 31/2014, especialmente lo referente al derecho de información, determinando el Juzgador que “… el derecho de información, como tal derecho subjetivo que es, está sometido a unos límites entre ellos, el principio de buena fe ( art.7.2 CC ) debiendo ejercitarse de manera razonable y no abusiva, no quedando amparadas aquellas conductas que lo único que pretenden es entorpecer la marcha de la sociedad……”.

Se desestima por tanto la demanda presentada por el socio, con expresa condena en costas, ya que “…el Sr. Argimiro si bien ejercitó su derecho de información el día hábil a la junta, luego no asistió a la misma por lo que no formuló más preguntas al respecto y no le dio la oportunidad al órgano de administración de contestarle oralmente a las mismas, por lo que su conducta obstativa no puede luego convertirse en un motivo de impugnación al ir en contra de la buena fe y de lealtad que los socios deben tener para con la sociedad….”.

  • Sentencia nº 197/2015 de fecha 24 de julio de 2.015 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao[2]: En este supuesto, pese a que el acuerdo sobre el que se ejercitaba la acción de impugnación se adoptó antes de la entrada en vigor de la Ley 31/2014, el Juzgador ya adelantaba que no podía obviarse la actual redacción del artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital, en el sentido que se debe argumentar la incidencia que la supuesta vulneración del derecho de información tuviere en la formación de la voluntad de los socios y consiguiente emisión de su voto.
  • Sentencia de fecha 16 de febrero de 2.015 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada[3]: Analiza el alcance del concepto introducido en el segundo párrafo del artículo 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital relativo a la “lesión del interés social” y especialmente “el abuso de mayoría”, desestimando la demanda con expresa condena en costas al determinar que “….para apreciar ese abuso de mayoría deberemos considerar:
  • El acuerdo no obedece a una necesidad razonable de la sociedad.
  • Existe una mayoría que lo adopta en interés propio y por tanto una minoría que discrepa.
  • Existe un detrimento injustificado de los demás socios. Este detrimento no ha sido desarrollado por el legislador, pero se conecta con la lesión del interés social (aún sin carácter patrimonial) que a su vez produce un favorecimiento del interés propio de quienes lo adoptan con una minoría que discrepa y que ve lesionado su propio interés.

Ninguno de los anteriores elementos han sido o probados o ni siquiera señalados, tratándose en el actual supuesto de la aprobación de cuentas anuales en donde se dice infringido el derecho de información que el socio ni siquiera ha ejercitado en su plenitud y en las posibilidades que ofrece la norma de sociedades de capital……”

 

[1] De la cual fue Ponente Doña Bárbara Maria Córdoba Ardao.

[2] De la cual fue Ponente Doña Olga Ahedo Peña.

[3] De la cual fue Ponente Don Enrique Sanjuan Muñoz.

IMAGEN ZORRO

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