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Caso Fact. Vulcano – Fact. Juliana // Concurso Culpable

Antijuridicidad del comportamiento de la sociedad dominante al emprender acciones a favor de su propia supervivencia y en detrimento de su filial

El astillero vigués Factorías Vulcano ha sufrido un nuevo “revés” judicial por la quiebra de su antigua filial asturiana, la extinta Factorías Juliana, al considerarse que el actuar culposo de los representantes legales de la filial fue lo que condujo a esta a su situación de insolvencia.

Corría el año 2006 cuando “Factorías Vulcano, S.A.” contrató con diversos armadores noruegos la construcción de tres buques sismográficos, decidiendo aquélla seguidamente subcontratar su ejecución con su filial “Factorías Juliana, S.A.U.”, en las mismas condiciones que habían sido pactadas para el contrato de obra principal. Por diversos motivos que no vienen al caso, a finales de 2008 “Factorías Vulcano, S.A.” desiste unilateralmente de los contratos de construcción suscritos con “Factorías Juliana, S.A.U.”.

Esta decisión de trasladar los buques a Vigo no es lo que se reprocha a la matriz. Tampoco su decisión de que la filial acometiese una obra distinta de las llevadas a cabo históricamente por la misma (especial complejidad de los buques sismográficos desde un punto de vista técnico). Sin embargo, lo que sí se le reprocha es la decisión de no liquidar económicamente esos contratos, resolviéndolos de hecho, dejando a “Factorías Juliana SAU” con unas pérdidas inasumibles que terminaron por sumirla en un procedimiento concursal.

Así, la Sentencia nº 127/2015 dictada por la Sección 1ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias de fecha 15 de mayo de 2015 ha confirmado la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, de fecha 21 de noviembre de 2013 en el sentido de:

  • Calificar como culpable el concurso de “Factorías Juliana S.A.U.”.
  • Declarar personas afectadas por la calificación a “Factorías Vulcano S.A.”, Don C., Don A. y Don A..
  • Declara la inhabilitación de “Factorías Vulcano S.A.” para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 5 años.
  • Declara la inhabilitación de Don C., Don A. y Don A. para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 3 años.
  • Condenar a “Factorías Vulcano S.A.” al pago de 25 millones de euros y a la pérdida de derechos que tuviese como acreedor concursal o contra la masa.
  • Condenar a Don C., Don A. y Don A. al pago de 500.000 €, cada uno de ellos.

En resumen, la Audiencia reprocha a los representantes legales su comportamiento al haber adoptado una decisión que se tradujo en última instancia en otorgar preferencia a la supervivencia de la matriz en detrimento de la filial, todo ello en contravención de los deberes de lealtad de la sociedad dominante respecto de la filial en el seno de los grupos de sociedades. Recuerda la Sala que dichos deberes de lealtad son:

  • Velar por el interés social, entendido como interés de la sociedad.
  • El interés del grupo puede servir como instrumento para resolver las tensiones o conflictos de intereses que pueden surgir entre la sociedad dominante y la filial, o entre los administradores y socios del grupo, especialmente cuando quien ostenta el control decide que debe imponerse un sacrificio grave a la filial en aras del beneficio del grupo, como puede ocurrir en el caso de la transferencia de oportunidades de negocio de la filial a la matriz. En tales casos deben aplicarse una serie de criterios para evitar que se genere un daño a la sociedad controlada, de tal manera que si se sobrepasan tales límites tendrá lugar lo que en derecho comparado se ha conocido como “vampirismo intragrupo”. Entre tales limitaciones que resultan exigibles a cualquier medida que la sociedad dominante pueda adoptar en nombre del interés del grupo destaca el que no podrá perjudicar exclusivamente a la filial, y si se lesiona el interés de esta última ese perjuicio habrá de ser compensado mediante alguna otra ventaja competitiva, quedando excluido en cualquiera de los casos que aquellas medidas puedan sobrepasar las posibilidades financieras de la sociedad filial poniendo en riesgo su supervivencia económica.

Factorías Vulcano, S.A.” ya ha anunciado que va a recurrir ante el Exmo. Tribunal Supremo la Sentencia dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias, por lo que tendremos que esperar unos cuantos meses para conocer el desenlace de esta historia.

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El interés moratorio en operaciones comerciales y plazos de pago

¿Cuándo podemos exigirlo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cómo efectuar su cálculo? ¿Qué plazos marca la Ley?

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que incorporó a nuestro derecho interno la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, es la que establece determinadas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Desafortunadamente nos encontramos con que los beneficiarios de dicha norma pocas veces la aplican, muchas veces por desconocimiento y otras por no romper o enturbiar las relaciones con sus clientes. Sin duda entendemos esta última postura, poco teórica pero muy práctica, pero no la postura del desconocimiento. Es por ello que pasamos a dar unas pinceladas sobre la norma en cuestión y su alcance:

¿Quiénes son los beneficiarios de la Ley 3/2004?

Cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional y que vea como sus clientes incumplen los plazos contractuales o legales de pago (Nota: Quedan fuera de esta Ley los pagos en los que intervengan consumidores, los pagos de indemnizaciones por daños, los intereses relacionados con la Ley Cambiaria y del Cheque y las deudas sometidas a procedimientos concursales).

¿Cuáles son los plazos de pago que deben cumplirse?

El plazo de pago que debe cumplir el deudor es de 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo puede verse ampliado, como máximo a 60 días, si ambas partes voluntariamente lo acordasen.

¿Cuándo pueden exigirse los intereses de demora?

El mero incumplimiento en el pago en los plazos anteriormente referenciados dará derecho al acreedor a exigir los intereses de demora, siempre que éste haya cumplido con sus obligaciones legales y contractuales y que el deudor no pueda probar que no es responsable del retraso.

Cuando se cumplen estos requisitos el acreedor no tiene por qué avisar ni intimidar al deudor; directamente los puede exigir, extrajudicial o judicialmente.

¿Cuál es el interés de demora que puede exigirse?

El interés de demora puede fijarse voluntariamente por las partes en el contrato. A falta de pacto, el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. El Ministerio de Economía y Hacienda pública semestralmente en el ‘Boletín Oficial del Estado’ el citado tipo de interés de demora aplicable en cada momento.

El interés de demora para el segundo semestre de 2015 es de 8,05%.

Además del interés, ¿qué más puede exigirse?

Cuando el deudor incurre en mora (siendo responsable del retraso en el pago), el acreedor tiene derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

Además, el acreedor tiene derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen los 40 € anteriormente indicados.

Un ejemplo

La empresa A, cumpliendo con el pedido realizado por la empresa B, sirve a ésta, en fecha 1 de enero de 2013, determinada mercancía por importe 20.000€. Tras diversas llamadas telefónicas, envíos de mails y cartas sin respuesta alguna, la empresa A decide reclamar a la empresa B, quien finalmente paga el 30 de junio de 2015.

La cantidad que debe pagar B es 28.862,82 €, la cual se corresponde con el siguiente desglose:

Principal 20.000 €
Intereses demora 1º semestre 2010 / 8% anual (a contar desde febrero 2010 ya que la mercancía se sirve el 1 de enero y se dispone de 30 días para pagar) (150 días) 657,53 €
Intereses demora 2º semestre 2010 / 8% anual (184 días) 806,58 €
Intereses demora 1º semestre 2011 / 8% anual (181 días) 793,42 €
Intereses demora 2º semestre 2011 / 8,25% anual (184 días) 831,78 €
Intereses demora 1º semestre 2012 / 8% anual (182 días) 795,63 €
Intereses demora 2º semestre 2012 / 8% anual (184 días) 804,37 €
Intereses demora 1º semestre 2013 / 8,25% anual (181 días) 838,22 €
Intereses demora 2º semestre 2013 / 8,50% anual (184 días) 856,99 €
Intereses demora 1º semestre 2014 / 8,25% anual (181 días) 818,22 €
Intereses demora 2º semestre 2014 / 8,15% anual (184 días) 821,70 €
Intereses demora 1º semestre 2015 / 8,05% anual (181 días) 798,38 €
Indemnización costes cobro 40 €
TOTAL 28.862,82 €

Tal y como puede comprobarse, la decisión de aplicar o no aplicar la Ley 3/2004 supone, en este ejemplo, una variable de un 30,71% sobre el principal adeudado.

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Pensión de viudedad

Análisis de su procedencia en casos de separación / divorcio o parejas de hecho

En los últimos meses, la Sala 4ª de lo Social del Exmo. Tribunal Supremo se ha pronunciado con respecto a este tema que preocupa y ocupa a muchos.

Pasamos a resumir la citada jurisprudencia y a concretar quién, cuándo, por qué y si existen límites para tener derecho a dicha pensión.

En casos de separación/divorcio:

El artículo 97 de nuestro Código Civil regula el derecho a la pensión compensatoria.

Por su parte, el artículo 174 de la Ley General de Seguridad Social establece los supuestos en los que se tiene derecho a una pensión de viudedad.

Haciendo un análisis conjunto de ambos artículos, en relación con lo aquí nos interesa, concluimos que en los casos de separación o divorcio el derecho a la pensión de viudedad corresponde:

  • A quien sea cónyuge legítimo (casos de separación) o a quien haya sido cónyuge legítimo (casos de divorcio y siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho).
  • Y que además sean acreedores de pensión compensatoria y ésta quedara extinguida a la muerte del causante.

A sensu contrario no corresponde a quiénes se hayan separado/ divorciado y no se reconociera a su favor una pensión compensatoria o la misma fuese temporal, o a quiénes se les hubiese reconocido el derecho a la pensión pero se hubiesen vuelto a casar o hubiesen constituido una pareja de hecho.

Hasta aquí, la jurisprudencia y la doctrina eran pacíficas.

Existía controversia, sin embargo, con respecto al límite de la cuantía de la pensión ya que el artículo 174 de la Ley General de Seguridad Social, fija un límite al determinar que “….En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última…”.

Pero, ¿debía estarse a la cuantía fijada en la sentencia firme de separación o divorcio o al importe que de hecho se viniera percibiendo, en su caso, al fallecimiento del causante, sin modificación judicial de las medidas en cuantía inferior o superior?

Tras la Sentencia dictada por la Sala 4ª de lo Civil del Exmo. Tribunal Supremo de fecha 20 de abril de 2015, podemos afirmar que “…………..debe estarse a la cuantía fijada en la sentencia firme de separación o divorcio, directamente u homologando el acuerdo alcanzado entre las partes sobre tal extremo, y no al importe que de hecho viniera, en su caso, percibiendo el acreedor/a de la pensión al fallecimiento del causante, sin modificación judicial de la medidas, en cuantía inferior o superior……..”.

Por tanto, la cuantía fijada en la Sentencia firme de separación o divorcio como pensión compensatoria, será el límite máximo a la pensión de viudedad que pueda percibirse.

En casos de parejas de hecho:

¿Cuándo tiene derecho uno de los miembros de la pareja de hecho a la pensión de viudedad?

La reciente Sentencia dictada por la Sala 4ª de lo Social del Exmo. Tribunal Supremo de fecha 12 de mayo de 2015 vuelve a insistir en que el miembro de la pareja de hecho que sobrevive debe reunir los siguientes requisitos para obtener la pensión de viudedad:

* Convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años.

* La publicidad de la situación de convivencia “more uxorio”, bien mediante la inscripción en el Registro de parejas de hecho o bien mediante de constitución como tal pareja en documento público, en ambos casos con una antelación mínima de 2 años al fallecimiento.

Es decir, la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuanto menos dos años antes (o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales) y que, asimismo, cumplan aquel requisito de convivencia.

 

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