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NOVEDADES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El pasado 25 de julio de 2.015 se publicaba la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Un año y ocho meses después, es decir, el 1 de abril de 2.017, la citada Ley entrará en vigor, por lo que nos parece un buen momento para recordar a nuestros clientes las principales novedades que la misma implica.

 

  • Se simplifica y agiliza la protección de la innovación mediante patentes y se refuerza la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva. Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional o «a la carta».

 

  • Obligación de informar en la solicitud sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, aunque esta información no prejuzgue la validez de la patente.
  • Se instaura un sistema de oposición post-concesión, modificándose el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

 

  • Se eliminan los certificados de adición.

 

  • Se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

 

  • Se sustituye la presunción “iuris et de iure” (permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitará dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo), por la presunción “iuris tantum” (que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma).

 

  • Reconocimiento de la prioridad interna, con el fin de no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.

Además, también a partir del 1 de abril de 2017:

 

  • El Registro de la Propiedad Industrial podrá desempeñar, como institución mediadora y arbitral, funciones para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial.
  • Entra en vigor la nueva regulación de las hipotecas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual:

 

  • Se concretan y amplían los derechos susceptibles de ser hipotecados, como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y cualesquier otra modalidad típica. También los nombres de dominio en Internet, siempre que no puedan ser vendidos voluntariamente.
  • Podrán hipotecar tanto el propietario del derecho como el licenciatario que pueda ceder su derecho a un tercero, y la hipoteca puede ser tanto sobre el derecho en sí como sobre la solicitud de concesión del derecho.
  • No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual registrables pero no registrados así como los derechos personalísimos tales como el llamado derecho moral de autor, los no enajenables y en general los que no sean susceptibles de apropiación individual.
  • La garantía sobre la obra original no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cuales quiera transformaciones de la obra. Dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas garantías separadas.
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COMO NOS GUSTAN LOS LATINAJOS

LATINAJOS PARA IMPRESIONAR

Es verdad…. No tenemos mas remedio que reconocerlo… A los abogados nos encantan los latinajos.

 

Un juez dijo una vez que los abogados cuando exponemos nuestra defensa en un procedimiento judicial, no debemos hablar solo para ellos, sino que debemos conseguir que los clientes nos entiendan. Y tenía y tiene toda la razón.

 

Pese a ser conscientes de que nuestra “jerga” nunca será 100% comprensible para nuestros clientes (como tampoco lo es el lenguaje de los médicos, de los economistas, de los ingenieros, arquitectos etc…), con este articulo pretendemos acercaros un poco mas a nuestro mundo y seguro que en alguna ocasión, vosotros también disfrutareis “soltando como si nada”, en mitad de una frase, alguno de estos latinajos….

 

  • AB INTESTATO”: Fallecido sin testamento (Derecho civil).
  • ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO”: Acción de división de cosa común (bienes muebles, inmuebles y derechos).
  • BONAE FIDEI POSSESSOR SUOS FACIT FRACTUS CONSUMPTOS”: El poseedor de buena fe hace suyos los frutos consumidos (derecho civil).
  • CONCEPTURUS”: Ni siquiera concebido. // “NASCITURUS”: El que va a nacer. El concebido no nacido. (derecho civil).
  • CONDITIO SINE QUA NON”: Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial —de carácter más bien obligatorio— para que algo sea posible y funcione correctamente
  • Culpa:
    • In contrahendo.- Omisión de diligencia en el momento de la celebración del contrato, que tiene como consecuencia que le falte alguno de sus requisitos esenciales o concurre algún defecto que lo invalide
    • In eligendo.- Infracción del deber de diligencia en la elección de una persona, que obliga al que la contrató a asumir la responsabilidad de los daños que ésta cause a terceros.
    • In vigilando.- Omisión del deber de vigilancia que sirve de fundamento a la responsabilidad por el daño causado por otro, obligando a indemnizar al que incumple su deber de vigilancia a quien sufrió el daño.
  • DE LEGE FERENDA”: Recomendación que debe ser tenida en cuenta como conveniente en una próxima enmienda legislativa.
  • ERGA OMNES”: Frente a todos.
  • EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS”: Excepción de incumplimiento contractual. constituye un remedio, basado en la equidad y la buena fe, para que el deudor de una obligación pueda negarse a cumplir aquello a lo que se obligó en tanto la contraparte no cumpla u ofrezca cumplir la prestación que a él le debe.
  • EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA”: Quien se excusa sin que nadie se lo pida, se acusa.
  • FUMUS BONI IURIS”: Apariencia de buen derecho (medidas cautelares).
  • HONESTE VIVERE, NEMINEM LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE”: Vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo.
  • “IN DUBIO PRO REO”: En caso de duda, se debe favorecer al acusado (derecho penal).
  • INTUITU PERSONAE”: En consideración a la persona.
  • IURIS ET DE IURE”: Presunción que no admite la prueba en contrario.
  • IURIS TANTUM”: Presunción que admite prueba en contrario.
  • IURA NOVIT CURIA”: Principio según el cual el Juez debe aplicar el derecho, haciendo la calificación jurídica adecuada de los hechos (derecho procesal).
  • LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI”: La ley posterior deroga a la anterior.
  • NEMO AUDITUR PROPIAM TURPIDUNEM ALLEGANS”: Nadie puede alegar contra sus propios actos.
  • NON BIS IN IDEM”: Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito (derecho penal).
  • OBITER DICTA”: Argumentos que corroboran la decisión principal.
  • OPE LEGIS”: De pleno Derecho, por imperativo legal.
  • PACTA SUNT SERVANDA”: Los pactos son para cumplirse.
  • PAR CONDITIO CREDITURUM”: Igualdad de los acreedores. Principio que rige según el cual todos los créditos son de igual condición y, salvo que existan créditos privilegiados, todos los acreedores verán satisfechos sus créditos conjuntamente y en proporción. (Derecho concursal).
  • PRIOR IN TEMPORE, POTIOR IN IURE”: El primero en el tiempo es mejor en el derecho (derechos reales, hipotecas …).
  • PROBATIO DIABOLICA”: Principio que supone que es el acusado quien debe probar su inocencia. Este principio no es admitido en Dº Moderno.
  • RATIO DECIDENDI”: Argumentos en la parte considerativa de unasentencia o resolución judicial que constituyen la base de la decisión del tribunal acerca de la materia sometida a su conocimiento.
  • REBUS SIC STANTIBUS”: Mientras las cosas permanezcan en ese estado. Supuestos en que, como consecuencia de la extraordinaria alteración de las circunstancias atinentes al contrato, no previstas por las partes, se producen efectos que atentan contra la equivalencia de las prestaciones establecidas originariamente en el momento de celebración del contrato.
  • SINE DIE”: Sin término fijo.
  • SINE QUA NON”: Aquella condición sin la cual no se hará algo o se tendrá por no hecho.
  • STATUS QUO”: Mantenimiento en el estado en que está.
  • UBI LEX NON DISTINGUIT, NON DISTINGUERE DEBEMUS”: Donde la ley no distingue, no es dable distinguir, es decir, debe aplicarse la ley en forma estricta, pero no incluir hipótesis no contenidas en la norma.
  • VACATIO LEGIS”: Vacío legal, plazo en el que entra en vigor una ley.

 

Y nuestra preferida, que rotula nuestro bufete:

  • VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT”. Laspalabras vuelan, lo escrito permanece.

 

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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

—De la reforma del Código Penal de 2.010 a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Exmo. Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2.016—

 

Ya han transcurrido casi seis años desde que uno de los pilares básicos de nuestro Código Penal se viera modificado. La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, trajo consigo, entre otras modificaciones, la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Para la fijación de la responsabilidad se optó por una doble vía:

  • Delitos cometidos en nombre de la persona jurídica o por su cuenta y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas.
  • Infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados.

Se dejaba claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica podría declararse con independencia de que se pudiera o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física. Se optó por qué la multa fuera la pena común y general para todos los supuestos de responsabilidad, reservándose otras medidas mas severas (inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con Adm. Publica, para gozar de beneficios fiscales o de la seguridad social, disolución, suspensión … ) para supuestos cualificados.

 

Fue hace apenas un año cuando volvió a reformarse el Código Penal a fin de mejorar técnicamente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  Así, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, delimitaba el contenido del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal y extendía en determinados supuestos la responsabilidad penal a las sociedades mercantiles públicas.

 

El 22 de enero de 2.016, la Fiscalía General del Estado publicaba su Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En dicha circular la FGE analiza los objetivos de la reforma y establece su criterio sobre las interpretaciones que hasta esa fecha se habían formulado.

Pues bien, seis años después de la modificación en el 2.010 del Código Penal, la Sala de lo Penal del Exmo. Tribunal Supremo ha dictado una importantísima Sentencia, que pasamos a analizar, en la que por vez primera aprecia la responsabilidad penal de unas personas jurídicas (Sentencia nº 154/2016 de fecha 29 de febrero de 2.016. Id. Cendoj 28079120012016100112).

 

Las mercantiles “Transpinelo S.L.” y “Geormadrid Machinery S.L.”, personas jurídicas  declaradas responsables por haber sido consideradas instrumentos para la comisión de un delito contra la salud pública y condenadas por ello a las penas de disolución y multa de 775.633.440 €, formularon recurso de casación contra la Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. También planteó recurso de casación la mercantil “Investissment Transspainafrica”, persona jurídica que fue condenada en la instancia a las penas de prohibición de realizar actividades comerciales en España por cinco años y multa de 775.633.440 €.

Únicamente se estimó, parcialmente, el recurso interpuesto por “Transpinelo S.L.”, acordándose en segunda sentencia excluir del pronunciamiento condenatoria dictado por la Audiencia la pena de disolución que se imponía a “Transpinelo S.L.”.

Sin embargo, lo trascendente de esta Sentencia es que el Alto Tribunal, en relación a las condenas de las personas jurídicas nos deja los siguientes:

 

“..CRITERIOS VALIDOS EN LA INTERPRETACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL..”

 

  • Cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal”. Es decir, en su defensa la persona jurídica puede alegar como vulnerados derechos y garantías constitucionales tales como la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el Juez legalmente predeterminado, un proceso con garantías etc….
  • “No admite duda el hecho de que el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa (previa constatación de la comisión del delito por la persona física) en la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización”.

 

  • CULTURA DE RESPETO AL DERECHO.
  • VIGILANCIA Y CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DE SUS DIRECTIVOS Y SUBORDINADOS JERARQUICOS.
  • HERRAMIENTAS DE CONTROL IDONEAS Y EFICACES.

En este punto se manifiesta la Sala en contra de la opinión plasmada en la Circular de la Fiscalía General del Estado ya que mientras que los Fiscales mantienen que la eximente de vigilancia y control se sitúa en las proximidades de una “EXCUSA ABSOLUTORIA” (es decir, existe la responsabilidad cuya punición se excluye), la opinión de la Sala del Exmo. Tribunal Supremo es que “..la presencia de adecuados mecanismos de control lo que supone es la inexistencia misma de la infracción…”.

También recuerda la Sala que la acreditación de la responsabilidad de la persona jurídica corresponde a la acusación mientras que la carga de la acreditación de la eximente corre a cargo de la propia persona jurídica acusada.

 

  • Con respecto a la importantísima cuestión sobre quien debería ser la persona física o el órgano defensor de la persona jurídica, y en relación a la posible vulneración del derecho de defensa, la Sala no resuelve dicha cuestión por exceder de sus funciones pero si que indica que “… en un caso en el cual efectivamente se apreciase en concreto la posible conculcación efectiva del derecho de defensa de la persona jurídica al haber sido representada en juicio, y a lo largo de todo el procedimiento, por una persona física objeto ella misma de acusación y con intereses distintos y contrapuestos a los de aquella, se pudiera proceder a la estimación de un motivo en la línea del presente, disponiendo la repetición, cuando menos, del Juicio Oral, en lo que al enjuiciamiento de la persona jurídica se refiere, a fin de que la misma fuera representada, con las amplias funciones ya descritas, por alguien ajeno a cualquier posible conflicto de intereses procesales con los de la entidad, que debería en este caso ser designado, si ello fuera posible, por los órganos de representación, sin intervención en tal decisión de quienes fueran a ser juzgados en las mismas actuaciones…”. Sobre este punto el Alto Tribunal, para futuros casos, llama la atención tanto a Jueces Instructores como a Juzgadores (incluso al legislador) para que se cumplan las citadas exigencias a fin de evitar nulidades.
  • Se analiza también la figura de las sociedades meramente instrumentales o “pantalla”, como eran varias de las acusadas, recordando que las mismas, en general, son inimputables (con independencia de que les puedan ser impuestas medidas cautelares reales, decomiso, disolución …..), de tal modo que la exclusiva sanción de los individuos que las dirigen frecuentemente colmará todo el reproche punitivo de la conducta.
  • Por último, el Alto Tribunal deja claro que cuando se indica que uno de los requisitos para la declaración de la responsabilidad penal es que la infracción reporte algún tipo de “provecho” o “beneficio” a la persona jurídica, dicho termino hace alusión “…a cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores etc.. provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona jurídica en cuyo seno el delito de su representante, administrador o subordinado jerárquico, se comete. …” Y vuelve a remitirse a la Circular de la FGE de enero de 2016, haciendo suya la interpretación que de los términos “provecho” o “beneficio” a la persona jurídica realiza:
    • «La nueva expresión legal «en beneficio directo o indirecto» mantiene la naturaleza objetiva que ya tenía la suprimida «en provecho», como acción tendente a conseguir un beneficio, sin necesidad de que este se produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad. Incluso cuando la persona física haya actuado en su propio beneficio o interés o en el de terceros ajenos a la persona jurídica también se cumplirá la exigencia típica, siempre que el beneficio pueda alcanzar a ésta, debiendo valorarse la idoneidad de la conducta para que la persona jurídica obtenga alguna clase de ventaja asociada a aquella.» (Circular FGE)

 

Quedamos como siempre a disposición de todas aquellas empresas que aun no dispongan de un CODIGO DE PREVENCION DE DELITOS (“Compliance”) para asesorarles en la redacción, implantación y control de seguimiento del mismo.

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IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES

Hace ya poco mas de un año que la materia relativa a la impugnación de los acuerdos sociales, entre otros, fue modificada tras la reforma (Ley 31/2014) de la Ley de Sociedades de Capital.

Procedemos asi a efectuar un breve resumen de la impugnación de acuerdos (tanto de Junta como del Órgano de Administración) y de las pocas resoluciones judiciales que a este respecto se han dictado en el último año.

JUNTA GENERAL

Acuerdos impugnables:

  • Los contrarios a la Ley.
  • Los que se opongan a los estatutos o al Reglamento de la Junta de la sociedad.
  • Los que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Casos en los que no procede la impugnación de acuerdos:

  • Los anteriormente citados cuando hayan sido dejados sin efecto o sustituidos válidamente por otro adoptado antes de que se interponga la demanda de impugnación.
  • Aquellos que se basen en la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante.
  • Aquellos que se basen en la incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación.
  • Aquellos que se basen en la participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano.
  • Aquellos que se basen en la invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible.

Caducidad de la acción de impugnación: 1 año, salvo aquellos que resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción ni caduca ni prescribe.

¿Quiénes pueden impugnar?

Están legitimados para impugnar cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que representen, al menos, el 1% del capital social (salvo para la impugnación de acuerdos contrarios al orden público en cuyo caso no se exige porcentaje mínimo sobre el capital social).

 

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN

Acuerdos impugnables:

  • Los contrarios a la Ley.
  • Los que se opongan a los estatutos o al Reglamento de la Junta de la sociedad y/o al Reglamento del Consejo de Administración.
  • Los que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Causas, tramitación y efectos: La Ley de Sociedades de Capital se remite a lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la Junta general.

Caducidad de la acción de impugnación: 30 días desde la adopción del acuerdo para los administradores y 30 días desde que tuvieron conocimiento de la adopción del acuerdo, para los socios que representen mas del 1% del capital social (siempre que no hubiera transcurrido 1 años desde su adopción).

¿Quiénes pueden impugnar?

Están legitimados para impugnar cualquiera de los administradores y los socios que representen, al menos, el 1% del capital social.

 

 

RESOLUCIONES JUDICIALES TRAS LA REFORMA

 

Hasta este momento, ni el Tribunal Supremo ni las Audiencias Provinciales han tenido ocasión de pronunciarse al respecto.

Así, únicamente disponemos de resoluciones judiciales dictadas por los Jueces de lo Mercantil, tales como las siguientes:

  • Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2.015 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona[1]: En este caso, cuatro socios demandaban a la compañía X, solicitando se declarara la nulidad de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de denegar la entrega de una copia del expediente sancionador iniciado por la AEAT contra la compañía, asi como de las cartas recibidas y comunicadas entre la empresa y el citado organismo rector al considerar que ello infringía su derecho de información.

En primer lugar el Juzgador analiza si la decisión adoptada por el Consejo tiene o no el rango de “acuerdo” a los efectos de su posible impugnación, concluyendo que «……….la no entrega de una copia de la documentación» no deja de ser una decisión aprobada por el consejo de administración, recogida por escrito, firmada por el presidente, el secretario y el consejero delegado y luego ratificada durante la junta por el resto de miembros del consejo, debe ser equiparada a un «acuerdo» adoptado en «reunión universal» del consejo de administración por lo que entiendo que sí es posible su impugnación a los efectos al art. 251 LSC…”.

Se analiza acto seguido lo relativo al plazo de caducidad, argumentando S.S.ª que respecto a 3 de los demandantes, que si se encontraban presentes cuando se adoptó la decisión, la acción de impugnación se declara caducada pues disponían desde ese momento de un plazo de 30 días.

Se entra por tanto en el fondo del asunto con respecto a uno de los demandantes, analizándose parte de las novedades de la Ley 31/2014, especialmente lo referente al derecho de información, determinando el Juzgador que “… el derecho de información, como tal derecho subjetivo que es, está sometido a unos límites entre ellos, el principio de buena fe ( art.7.2 CC ) debiendo ejercitarse de manera razonable y no abusiva, no quedando amparadas aquellas conductas que lo único que pretenden es entorpecer la marcha de la sociedad……”.

Se desestima por tanto la demanda presentada por el socio, con expresa condena en costas, ya que “…el Sr. Argimiro si bien ejercitó su derecho de información el día hábil a la junta, luego no asistió a la misma por lo que no formuló más preguntas al respecto y no le dio la oportunidad al órgano de administración de contestarle oralmente a las mismas, por lo que su conducta obstativa no puede luego convertirse en un motivo de impugnación al ir en contra de la buena fe y de lealtad que los socios deben tener para con la sociedad….”.

  • Sentencia nº 197/2015 de fecha 24 de julio de 2.015 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao[2]: En este supuesto, pese a que el acuerdo sobre el que se ejercitaba la acción de impugnación se adoptó antes de la entrada en vigor de la Ley 31/2014, el Juzgador ya adelantaba que no podía obviarse la actual redacción del artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital, en el sentido que se debe argumentar la incidencia que la supuesta vulneración del derecho de información tuviere en la formación de la voluntad de los socios y consiguiente emisión de su voto.
  • Sentencia de fecha 16 de febrero de 2.015 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada[3]: Analiza el alcance del concepto introducido en el segundo párrafo del artículo 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital relativo a la “lesión del interés social” y especialmente “el abuso de mayoría”, desestimando la demanda con expresa condena en costas al determinar que “….para apreciar ese abuso de mayoría deberemos considerar:
  • El acuerdo no obedece a una necesidad razonable de la sociedad.
  • Existe una mayoría que lo adopta en interés propio y por tanto una minoría que discrepa.
  • Existe un detrimento injustificado de los demás socios. Este detrimento no ha sido desarrollado por el legislador, pero se conecta con la lesión del interés social (aún sin carácter patrimonial) que a su vez produce un favorecimiento del interés propio de quienes lo adoptan con una minoría que discrepa y que ve lesionado su propio interés.

Ninguno de los anteriores elementos han sido o probados o ni siquiera señalados, tratándose en el actual supuesto de la aprobación de cuentas anuales en donde se dice infringido el derecho de información que el socio ni siquiera ha ejercitado en su plenitud y en las posibilidades que ofrece la norma de sociedades de capital……”

 

[1] De la cual fue Ponente Doña Bárbara Maria Córdoba Ardao.

[2] De la cual fue Ponente Doña Olga Ahedo Peña.

[3] De la cual fue Ponente Don Enrique Sanjuan Muñoz.

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herencia

Herencias (1ª parte)

Tipos de herencia, testamentos, herederos forzoso, legatarios …………..

Son muchas las preguntas que de manera continua nos llegan sobre las sucesiones.

Son 430 los artículos de nuestro Código Civil que se ocupan de esta compleja materia y que, sin duda, en algún momento nos afecta o afectará a todos y cada uno de nosotros.

Escribimos este artículo con la única pretensión de dar “pinceladas” sobre conceptos básicos que se deben conocer, estando encantados de poder ayudarles a resolver cualquier cuestión concreta que se les pueda plantear.

Tipos de sucesión: Testamentaria (voluntad del hombre manifestada en testamento) y/o legitima (a falta de testamento, por disposición de la ley).

Forma de los testamentos:

  • Común: Puede ser ológrafo (el testador lo escribe por si mismo, debiendo cumplir determinados requisitos), abierto (el testador expresa oralmente o por escrito su última voluntad al Notario) o cerrado (el testador escribe su última voluntad y sin revelarla entrega el sobre al Notario que haya de autorizarlo).
  • Especial: El militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.

¿Qué comprende la herencia?: Todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte.

¿Tengo libertad para disponer de mis bienes en el testamento?

Quien no tenga herederos forzosos puede disponer libremente, por testamento, de todos sus bienes. Quien tenga herederos forzosos tendrá que respetar la legitima.

¿Qué es la legítima?

Es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la Ley a los herederos forzosos.

Cuando los herederos forzosos son hijos y descendientes, constituye la legitima las 2/3 partes de la herencia (uno de esos tercios es la “legitima estricta” y el otro la “legitima de mejora”). Cuando los herederos forzosos son padres o ascendientes (porque no existan hijos ni descendientes), la legitima será la ½ de la herencia, salvo si también hubiese cónyuge viudo, en cuyo caso será de 1/3 de la herencia.

¿Quiénes son herederos forzosos?

  • Los hijos y descendientes, respecto de sus padres y ascendientes.
  • A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes.
  • El viud@ (según el caso, tendrá derecho al usufructo del tercio de mejora –cuando haya hijos o descendientes-, al usufructo de la mitad de la herencia –cuando no haya descendientes pero si ascendientes- o al usufructo de los 2/3 de la herencia –cuando no haya descendientes ni ascendientes-).

Si tengo herederos forzosos, ¿De que bienes puedo disponer libremente?

Siempre se podrá disponer libremente de 1/3 de los bienes, derechos y obligaciones que compongan la herencia. Este tercio se conoce como “tercio de libre disposición”.

Se podría dejar a los hijos, a un amigo, a asociaciones benéficas etc….

¿Tengo que dejar a todos mis hijos necesariamente la misma porción de herencia?

No. La Ley impone que 1/3 de la herencia vaya destinada, por igual, a los hijos o descendientes (LEGITIMA ESTRICTA), mientras que el testador puede dejar, según considere, el otro 1/3 a cualquiera de los hijos o descendientes o a varios de ellos o a todos (LEGITIMA DE MEJORA).

 

Un ejemplo

Don José está casado y tienes 4 hijos (A, B, C y D). Quiere otorgar testamento y dejar lo legalmente obligatorio a sus hijos y el resto a su mujer. ¿Cómo lo tendría que hacer?

  • El tercio de legítima estricta seria para sus 4 hijos por igual.
  • El tercio de legítima de mejora seria para sus 4 hijos por igual, pero el usufructo de este tercio seria para su mujer.
  • El tercio de libre disposición seria para su mujer.
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Caso Fact. Vulcano – Fact. Juliana // Concurso Culpable

Caso Fact. Vulcano – Fact. Juliana // Concurso Culpable

Antijuridicidad del comportamiento de la sociedad dominante al emprender acciones a favor de su propia supervivencia y en detrimento de su filial

El astillero vigués Factorías Vulcano ha sufrido un nuevo “revés” judicial por la quiebra de su antigua filial asturiana, la extinta Factorías Juliana, al considerarse que el actuar culposo de los representantes legales de la filial fue lo que condujo a esta a su situación de insolvencia.

Corría el año 2006 cuando «Factorías Vulcano, S.A.» contrató con diversos armadores noruegos la construcción de tres buques sismográficos, decidiendo aquélla seguidamente subcontratar su ejecución con su filial «Factorías Juliana, S.A.U.», en las mismas condiciones que habían sido pactadas para el contrato de obra principal. Por diversos motivos que no vienen al caso, a finales de 2008 «Factorías Vulcano, S.A.» desiste unilateralmente de los contratos de construcción suscritos con «Factorías Juliana, S.A.U.».

Esta decisión de trasladar los buques a Vigo no es lo que se reprocha a la matriz. Tampoco su decisión de que la filial acometiese una obra distinta de las llevadas a cabo históricamente por la misma (especial complejidad de los buques sismográficos desde un punto de vista técnico). Sin embargo, lo que sí se le reprocha es la decisión de no liquidar económicamente esos contratos, resolviéndolos de hecho, dejando a “Factorías Juliana SAU” con unas pérdidas inasumibles que terminaron por sumirla en un procedimiento concursal.

Así, la Sentencia nº 127/2015 dictada por la Sección 1ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias de fecha 15 de mayo de 2015 ha confirmado la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, de fecha 21 de noviembre de 2013 en el sentido de:

  • Calificar como culpable el concurso de “Factorías Juliana S.A.U.”.
  • Declarar personas afectadas por la calificación a “Factorías Vulcano S.A.”, Don C., Don A. y Don A..
  • Declara la inhabilitación de “Factorías Vulcano S.A.” para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 5 años.
  • Declara la inhabilitación de Don C., Don A. y Don A. para administrar los bienes ajenos durante un periodo de 3 años.
  • Condenar a “Factorías Vulcano S.A.” al pago de 25 millones de euros y a la pérdida de derechos que tuviese como acreedor concursal o contra la masa.
  • Condenar a Don C., Don A. y Don A. al pago de 500.000 €, cada uno de ellos.

En resumen, la Audiencia reprocha a los representantes legales su comportamiento al haber adoptado una decisión que se tradujo en última instancia en otorgar preferencia a la supervivencia de la matriz en detrimento de la filial, todo ello en contravención de los deberes de lealtad de la sociedad dominante respecto de la filial en el seno de los grupos de sociedades. Recuerda la Sala que dichos deberes de lealtad son:

  • Velar por el interés social, entendido como interés de la sociedad.
  • El interés del grupo puede servir como instrumento para resolver las tensiones o conflictos de intereses que pueden surgir entre la sociedad dominante y la filial, o entre los administradores y socios del grupo, especialmente cuando quien ostenta el control decide que debe imponerse un sacrificio grave a la filial en aras del beneficio del grupo, como puede ocurrir en el caso de la transferencia de oportunidades de negocio de la filial a la matriz. En tales casos deben aplicarse una serie de criterios para evitar que se genere un daño a la sociedad controlada, de tal manera que si se sobrepasan tales límites tendrá lugar lo que en derecho comparado se ha conocido como «vampirismo intragrupo». Entre tales limitaciones que resultan exigibles a cualquier medida que la sociedad dominante pueda adoptar en nombre del interés del grupo destaca el que no podrá perjudicar exclusivamente a la filial, y si se lesiona el interés de esta última ese perjuicio habrá de ser compensado mediante alguna otra ventaja competitiva, quedando excluido en cualquiera de los casos que aquellas medidas puedan sobrepasar las posibilidades financieras de la sociedad filial poniendo en riesgo su supervivencia económica.

«Factorías Vulcano, S.A.» ya ha anunciado que va a recurrir ante el Exmo. Tribunal Supremo la Sentencia dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias, por lo que tendremos que esperar unos cuantos meses para conocer el desenlace de esta historia.

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El interés moratorio en operaciones comerciales y plazos de pago

El interés moratorio en operaciones comerciales y plazos de pago

¿Cuándo podemos exigirlo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cómo efectuar su cálculo? ¿Qué plazos marca la Ley?

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que incorporó a nuestro derecho interno la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, es la que establece determinadas medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Desafortunadamente nos encontramos con que los beneficiarios de dicha norma pocas veces la aplican, muchas veces por desconocimiento y otras por no romper o enturbiar las relaciones con sus clientes. Sin duda entendemos esta última postura, poco teórica pero muy práctica, pero no la postura del desconocimiento. Es por ello que pasamos a dar unas pinceladas sobre la norma en cuestión y su alcance:

¿Quiénes son los beneficiarios de la Ley 3/2004?

Cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional y que vea como sus clientes incumplen los plazos contractuales o legales de pago (Nota: Quedan fuera de esta Ley los pagos en los que intervengan consumidores, los pagos de indemnizaciones por daños, los intereses relacionados con la Ley Cambiaria y del Cheque y las deudas sometidas a procedimientos concursales).

¿Cuáles son los plazos de pago que deben cumplirse?

El plazo de pago que debe cumplir el deudor es de 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo puede verse ampliado, como máximo a 60 días, si ambas partes voluntariamente lo acordasen.

¿Cuándo pueden exigirse los intereses de demora?

El mero incumplimiento en el pago en los plazos anteriormente referenciados dará derecho al acreedor a exigir los intereses de demora, siempre que éste haya cumplido con sus obligaciones legales y contractuales y que el deudor no pueda probar que no es responsable del retraso.

Cuando se cumplen estos requisitos el acreedor no tiene por qué avisar ni intimidar al deudor; directamente los puede exigir, extrajudicial o judicialmente.

¿Cuál es el interés de demora que puede exigirse?

El interés de demora puede fijarse voluntariamente por las partes en el contrato. A falta de pacto, el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. El Ministerio de Economía y Hacienda pública semestralmente en el ‘Boletín Oficial del Estado’ el citado tipo de interés de demora aplicable en cada momento.

El interés de demora para el segundo semestre de 2015 es de 8,05%.

Además del interés, ¿qué más puede exigirse?

Cuando el deudor incurre en mora (siendo responsable del retraso en el pago), el acreedor tiene derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

Además, el acreedor tiene derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen los 40 € anteriormente indicados.

Un ejemplo

La empresa A, cumpliendo con el pedido realizado por la empresa B, sirve a ésta, en fecha 1 de enero de 2013, determinada mercancía por importe 20.000€. Tras diversas llamadas telefónicas, envíos de mails y cartas sin respuesta alguna, la empresa A decide reclamar a la empresa B, quien finalmente paga el 30 de junio de 2015.

La cantidad que debe pagar B es 28.862,82 €, la cual se corresponde con el siguiente desglose:

Principal 20.000 €
Intereses demora 1º semestre 2010 / 8% anual (a contar desde febrero 2010 ya que la mercancía se sirve el 1 de enero y se dispone de 30 días para pagar) (150 días) 657,53 €
Intereses demora 2º semestre 2010 / 8% anual (184 días) 806,58 €
Intereses demora 1º semestre 2011 / 8% anual (181 días) 793,42 €
Intereses demora 2º semestre 2011 / 8,25% anual (184 días) 831,78 €
Intereses demora 1º semestre 2012 / 8% anual (182 días) 795,63 €
Intereses demora 2º semestre 2012 / 8% anual (184 días) 804,37 €
Intereses demora 1º semestre 2013 / 8,25% anual (181 días) 838,22 €
Intereses demora 2º semestre 2013 / 8,50% anual (184 días) 856,99 €
Intereses demora 1º semestre 2014 / 8,25% anual (181 días) 818,22 €
Intereses demora 2º semestre 2014 / 8,15% anual (184 días) 821,70 €
Intereses demora 1º semestre 2015 / 8,05% anual (181 días) 798,38 €
Indemnización costes cobro 40 €
TOTAL 28.862,82 €

Tal y como puede comprobarse, la decisión de aplicar o no aplicar la Ley 3/2004 supone, en este ejemplo, una variable de un 30,71% sobre el principal adeudado.

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Pensión de viudedad

Pensión de viudedad

Análisis de su procedencia en casos de separación / divorcio o parejas de hecho

En los últimos meses, la Sala 4ª de lo Social del Exmo. Tribunal Supremo se ha pronunciado con respecto a este tema que preocupa y ocupa a muchos.

Pasamos a resumir la citada jurisprudencia y a concretar quién, cuándo, por qué y si existen límites para tener derecho a dicha pensión.

En casos de separación/divorcio:

El artículo 97 de nuestro Código Civil regula el derecho a la pensión compensatoria.

Por su parte, el artículo 174 de la Ley General de Seguridad Social establece los supuestos en los que se tiene derecho a una pensión de viudedad.

Haciendo un análisis conjunto de ambos artículos, en relación con lo aquí nos interesa, concluimos que en los casos de separación o divorcio el derecho a la pensión de viudedad corresponde:

  • A quien sea cónyuge legítimo (casos de separación) o a quien haya sido cónyuge legítimo (casos de divorcio y siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho).
  • Y que además sean acreedores de pensión compensatoria y ésta quedara extinguida a la muerte del causante.

A sensu contrario no corresponde a quiénes se hayan separado/ divorciado y no se reconociera a su favor una pensión compensatoria o la misma fuese temporal, o a quiénes se les hubiese reconocido el derecho a la pensión pero se hubiesen vuelto a casar o hubiesen constituido una pareja de hecho.

Hasta aquí, la jurisprudencia y la doctrina eran pacíficas.

Existía controversia, sin embargo, con respecto al límite de la cuantía de la pensión ya que el artículo 174 de la Ley General de Seguridad Social, fija un límite al determinar que “….En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última…”.

Pero, ¿debía estarse a la cuantía fijada en la sentencia firme de separación o divorcio o al importe que de hecho se viniera percibiendo, en su caso, al fallecimiento del causante, sin modificación judicial de las medidas en cuantía inferior o superior?

Tras la Sentencia dictada por la Sala 4ª de lo Civil del Exmo. Tribunal Supremo de fecha 20 de abril de 2015, podemos afirmar que “…………..debe estarse a la cuantía fijada en la sentencia firme de separación o divorcio, directamente u homologando el acuerdo alcanzado entre las partes sobre tal extremo, y no al importe que de hecho viniera, en su caso, percibiendo el acreedor/a de la pensión al fallecimiento del causante, sin modificación judicial de la medidas, en cuantía inferior o superior……..”.

Por tanto, la cuantía fijada en la Sentencia firme de separación o divorcio como pensión compensatoria, será el límite máximo a la pensión de viudedad que pueda percibirse.

En casos de parejas de hecho:

¿Cuándo tiene derecho uno de los miembros de la pareja de hecho a la pensión de viudedad?

La reciente Sentencia dictada por la Sala 4ª de lo Social del Exmo. Tribunal Supremo de fecha 12 de mayo de 2015 vuelve a insistir en que el miembro de la pareja de hecho que sobrevive debe reunir los siguientes requisitos para obtener la pensión de viudedad:

* Convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años.

* La publicidad de la situación de convivencia “more uxorio”, bien mediante la inscripción en el Registro de parejas de hecho o bien mediante de constitución como tal pareja en documento público, en ambos casos con una antelación mínima de 2 años al fallecimiento.

Es decir, la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuanto menos dos años antes (o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales) y que, asimismo, cumplan aquel requisito de convivencia.

 

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